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ELA - 19 de junio de 2010

 

ELA rechaza el enjuiciamiento a jueces jujeños que fallaron a favor del cupo femenino
 

La Directora Ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi, viajó a Jujuy para entregar un documento a la Legislatura objetando el jury de enjuiciamiento a los jueces que fallaron a favor del cupo femenino. El documento, elaborado por un grupo de ONGs nacionales, fue presentado ante las autoridades de la Cámara. La Directora Ejecutiva de ELA se reunió además con amparistas, legisladores y dirigentes del movimiento de mujeres que promueven la sanción de la Ley de cupo en Jujuy.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) elaboraron un documento analizando la situación institucional suscitada a raíz del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el cupo femenino.

El documento fue entregado por Gherardi en los despachos del Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Guillermo Snopek, el Presidente de la Cámara, Pedro Segura y los Vicepresidentes 1ro y 2do del parlamento provincial, Héctor Tentor y Jorge Rizzotti.

El documento señala que “la iniciativa de promover un juicio político por el mero desacuerdo con las decisiones judiciales, o porque éstas resulten antipáticas -o aun incorrectas- a criterio de los legisladores, es incompatible con la vigencia de los principios de independencia judicial y de tutela judicial efectiva.”

Durante su estadía en Jujuy, Gherardi manifestó que la acción de los legisladores es “un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial” y que en este caso “los integrantes del Tribunal no hicieron otra cosa que buscar un remedio para la clara violación constitucional existente en la provincia de Jujuy, en la que el mandato del artículo 37 y la cláusula transitoria segunda de la Constitución Nacional lleva más de 15 años sin ser efectivizados.”

Las instituciones que firman el documento, consideran que la “disconformidad con el contenido de una sentencia que reconoce derechos constitucionales no autoriza la promoción de un jury de enjuiciamiento contra los magistrados intervinientes, sino que el mecanismo institucional previsto es la apelación ante el tribunal de alzada”. Pusieron de relieve que “en ese sentido se han pronunciado en forma consistente el Jurado de Enjuiciamiento para magistrados del Poder Judicial de la Nación, que sostiene que “… la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales, presupuesto necesario de la independencia e imparcialidad en la función de administrar justicia, exige que aquéllos no se vean expuestos al riesgo de ser enjuiciados sino por causas realmente graves, que impliquen serio desmedro de su conducta o de su idoneidad en el cargo …”. De lo contrario, la garantía de inamovilidad se vería seriamente afectada si “… los jueces estuvieran expuestos al riesgo de ser removidos por el sólo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser objetables, en tanto y en cuanto por supuesto ellas no constituyan delitos reprimidos por las leyes o traduzcan ineptitud moral o intelectual que inhabilite para el desempeño del cargo…”. En el mismo sentido, “cualquiera sea el acierto o el error de las resoluciones objetadas, ello deberá ser establecido dentro de los cauces procedimentales y por el juego de los recursos que la ley suministra a los justiciables”.

Además indicaron que “las intervención del Poder Judicial para remediar las omisiones de los poderes del Estado –como ocurrió en Jujuy- no es un aspecto novedoso en nuestra jurisprudencia. Del mismo modo, hay numerosos antecedentes en los que diversos jueces otorgan un plazo para el cumplimiento de las medidas ordenadas” y citaron diversos casos que se encuentran en la jurisprudencianacional.

El documento fue firmado por Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA; Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS; Gustavo Maurino, Director de ACIJ, Monique Altschul, Directora Ejecutiva de MEI y Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de ADC.
 

 
 

 


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