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 Página 12 -  Sociedad - 21/09/2011

El riesgo de un debate teñido por la campaña

Ante la sorpresiva convocatoria para modificar la ley sobre aborto, una directiva de Human Right Watch, consultada por este diario, opinó que “no es un buen momento debatir en un proceso electoral”. Lo mismo dicen dirigentes que impulsan la ley.

Por Mariana Carbajal

“No es un buen momento debatir el aborto en un proceso electoral. Es el peor momento.” Así opinó la danesa Mariane Mollman, directiva de Human Right Watch, una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos, sobre la decisión del diputado Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, de convocar para el martes próximo, a 27 días de los comicios del 23 de octubre, a una reunión de la Comisión de Legislación Penal, que él preside, para sacar un dictamen que modifique la actual legislación sobre el tema. Mollman, una de las expertas invitadas a una de las dos audiencias públicas que realizó esa comisión para avanzar con el debate, consideró que sería “un retroceso” si la discusión se centra en la reglamentación del aborto no punible, como pretende Vega. “Con ese tipo de iniciativas no se soluciona el problema de las muertes de mujeres pobres por prácticas inseguras y la inequidad en el acceso al aborto seguro”, opinó la especialista. Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se sumaron a las críticas. Vega, además, recibió cuestionamientos de diputados de distintas fuerzas que están a favor de la despenalización y también de un grupo que está en contra (ver aparte).

Mollman es directora de Incidencia Política de la División Derechos de la Mujer, de Human Right Watch. Su oficina está en Nueva York. Visitó varias veces la Argentina para estudiar el problema del aborto y su impacto en la salud de las mujeres. Sus investigaciones quedaron plasmadas en dos informes de la entidad, uno de 2005 y otro de 2010. En la última década ha contribuido a debates parlamentarios sobre la problemática del aborto en México, Estados Unidos, Irlanda, Brasil, y Perú, además de la Argentina.

–¿Por qué considera que no es oportuno discutir el problema del aborto en el marco de un proceso electoral? –le preguntó Página/12 a Mollman.

–Las buenas políticas que solucionan el problema de la inequidad en el acceso al aborto y de la mortalidad materna vinculada con esa práctica tienen que discutirse con tranquilidad, sin meterse en un debate emotivo. Una campaña electoral es un momento emotivo. Realmente es el peor momento. En la experiencia de la región y otros países se puede ver que se utiliza el debate del aborto en procesos electorales justamente para restringir su acceso. Es un tema que toca muchos puntos sensibles, la ética médica, aspectos religiosos, sentimientos muy fuertes. No es un buen momento el proceso electoral para debatirlo. Es el peor momento.

–¿Por qué cree entonces que se puede pretender imponer en este momento un debate tan sensible?

–El precio de restringir el aborto es la muerte de las mujeres pobres, que son quienes sufren las consecuencias de las prácticas inseguras. Es un precio barato. En la Argentina las mujeres abortan. Las que tienen dinero lo hacen de forma segura y las que no, corren el riesgo de morir. Una ley que regule los abortos no punibles no va a solucionar ese problema.

–¿Cuál es entonces el camino?

–El derecho basado en los derechos humanos dice que no puede haber ninguna barrera en el proceso de decisión de una mujer sobre su cuerpo. Pero debe haber ciertos reglamentos. De la experiencia de distintos países, pienso que la solución europea es la más adecuada, que en líneas generales considera legal el aborto en el primer trimestre; en el segundo trimestre lo permite en determinadas causales, como cuando el embarazo es producto de una violación; y en el tercer trimestre sólo para salvar la vida de la mujer embarazada. Es una solución equilibrada. No es lo mismo interrumpir un embarazo en el primer trimestre que en el tercero.

Mollman fue la única oradora en la audiencia pública del 30 de noviembre último, convocada por Vega a la Comisión de Legislación Penal, con la que se abrió el debate por la despenalización del aborto en Diputados. “La penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos” y “no sólo trae consecuencias graves para la salud y la vida de la mujer que necesita interrumpir su embarazo, sino también crea un problema de salud pública” porque da lugar a “prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina”, resumió Mollman en aquella oportunidad. La segunda audiencia se hizo el 13 de julio, y la invitada en esa ocasión fue la abogada venezolana Luz Patricia Mejía, relatora especial para los derechos de las mujeres y para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Tanto Mollman como Mejía dieron argumentos jurídicos, de salud pública y derechos humanos a favor de la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo.

Vega se había comprometido a convocar expositores con otras posturas. Pero sorpresivamente cambió de planes y llamó a reunión de comisión para discutir los distintos proyectos y sacar un dictamen, con la intención de imponer una reglamentación de la atención de los abortos no punibles ya prevista en el Código Penal y cuyo acceso suele obstaculizarse. Pero su iniciativa restringe aún más el acceso, porque impone un plazo máximo de 12 semanas para los casos de violación, límite que hoy no existe, y a la vez impide la judicialización de los pedidos.

 


“Significaría un retroceso”


“La prohibición del aborto vigente en nuestro país atenta contra diversos derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad sexual y al pleno ejercicio de su autonomía”, sostuvo el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que encabeza la abogada Natalia Gherardi. El ELA realizó un análisis de los cinco proyectos presentados en Diputados que proponen la reglamentación del aborto no punible y cuestionó sus alcances. “Es un hecho irrefutable que en la actualidad los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal desde 1922 no se realizan y que, en el mejor de los casos, su realización está precedida por un trámite de autorización judicial que la ley no requiere”, indicó Gherardi. “Los proyectos presentados, que buscan la regulación del aborto no punible, lejos están de cumplir con los objetivos que manifiestan. Aprobar cualquiera de esas iniciativas significaría un retroceso respecto de la situación actual, que ya es lesiva para los derechos de las mujeres”, señaló Gherardi.


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