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 Artemisa Noticias - 21/09/2011
Elecciones de octubre: La ley de cupo no se cumple
 
 La distribución de cargos entre varones y mujeres en alianzas estrenadas en las elecciones primarias del 14 de agosto fue cuestionada desde el movimiento de mujeres. El problema son las candidaturas femeninas que empiezan siempre en el tercer puesto de las listas. Hay una discusión sobre las interpretaciones de la legislación que garantiza una representación equitativa de mujeres y varones.

Por Alejandra Waigandt
 
El domingo 4 de septiembre se oficializaron las listas de candidatas y candidatos para las elecciones del 23 de octubre. Una vez más salen a la luz situaciones negativas en torno a la representación femenina. En principio los partidos políticos respetaron la ley de cupo femenino que los obliga a incluir como mínimo un 30 por ciento de candidaturas y distribuirlas de manera de que mujeres y varones obtengan cargos, según María Rigat, de la Fundación Fiedrich Ebert. Sin embargo, aún existen prácticas que vician este sistema, en detrimento de la participación real de las mujeres en la administración de poder, tal como denunció la politóloga Mercedes Boschi.

Boschi se presentó ante la Cámara Electoral de la Ciudad de Buenos Aires en carácter de ciudadana empadronada el 8 de agosto, a fin de advertir que las alianzas Unión para el Desarrollo Social (UDESO) y Frente Amplio Progresista (FAP), al confeccionar la nómina de postulantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires federal a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, incumplieron el decreto Nº1246, que en el 2000 enriqueció la normativa sobre cupo femenino. Según esta legislación, al tratarse de nuevas fuerzas y partidos que renuevan menos de tres cargos o ninguno, tanto el UDESO como el FAP deben repartirlos de manera que mujeres y varones tengan una oportunidad real de resultar electos. Esto implica que las postulantes femeninas ocupen un primer o segundo lugar, en vez de ser desplazadas al tercer puesto.

En UDESO las tres primeras candidaturas se distribuyeron entre Manuel Garrido, Hernán Rossi y Fabiana Campos; en el FAP están en manos de Claudio Lozano, Roy Cortina y Cristina Calvo. A comienzos de septiembre la jueza electoral María Servini de Cubría oficializó las listas tal cual estaban, ya que no se produjeron impugnaciones.

La presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Nina Brugo informó a Artemisa Noticias que desconoce la existencia de dicha denuncia, pero explicó que 'cuando no se cumple con las previsiones hechas por la normativa vigente en materia de cuotas, la justicia electoral debe actuar de oficio'. Sin embargo, señaló que efectivamente existe un techo para las mujeres en las listas partidarias y este es un debate que hay que dar dentro de las fuerzas políticas.

En el caso de FAP fue necesaria la presentación de Mercedes Boschi para que la jueza electoral María Servini de Cubría pidiera explicaciones a esta fuerza política sobre la composición de su lista, según la información a la que pudo acceder Artemisa Noticias. De acuerdo a esta fuente, que pidió reserva, el socialismo respondió a través de los apoderados del FAP Claudio Galliotti y Pablo Sanseverino, que indicaron ‘un excesivo rigor formal’ en la aplicación literal del decreto en cuestión, y aseguraron que ‘se estaba cumpliendo con la normativa vigente, puesto que los cargos a renovarse de los diferentes partidos que integran dicha alianza suman 3, dos del Partido Socialista y 1 de Buenos Aires para Todos’. Esta última banca fue obtenida en el marco de la alianza con Proyecto Sur, que dejó de existir después de las elecciones de 2007; este último hecho fue esgrimido por los dirigentes del socialismo para defender la pertenencia de dicha banca en base a sentencias judiciales. Finalmente, la justicia electoral decidió oficializar la lista de candidatos a diputados nacionales del FAP.

Lucía Martellotte, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, aclaró en ese sentido que la jurisprudencia existente en esta materia es anterior al decreto reglamentario que obliga a las nuevas alianzas a ubicar mujeres en los cargos principales.

Sobre el UDESO, la dirigente radical María Luisa Stornai confirmó que no recibieron ninguna comunicación de la justicia electoral, y según le indicaron apoderados de esta fuerza, los partidos que la conforman, la Unión Cívica Radical y Unión Pro cuentan con el número de cargos necesarios para el cupo, debido a los logros en las elecciones de 2007. La legisladora nacional advirtió sin embargo que 'las mujeres tenemos que estar muy atentas porque los varones especulan constantemente sobre la actuación que tendrá la justicia, a fin de quedarse con la mayor cantidad de puestos legislativos posibles'.

Consultada por estas argumentaciones, la politóloga Mercedes Boschi dijo que 'atañen a un cumplimiento minimalista de la cuotas', sistematizando prácticas que redundan en una menor representación de las mujeres en el poder. La experta insistió: 'Cuando la fuerza política es nueva, una mujer debe figurar en el primer o segundo lugar, tal como ordena el Decreto 1246. Si seguimos como actualmente, terminaremos vaciando este mandato'. La norma se instrumentó en el 2000 para solucionar una distorsión del sistema electoral en relación al Senado Nacional, donde las minorías obtienen una única banca y las mujeres prácticamente no tienen posibilidades de participar en los primeros lugares.

Otro caso ocurrió en Rosario. Allí María Julia Bonifacio, quinta en la lista del PRO, denunció manipulación del cupo en dicha fuerza, ya que la tercera candidata Sofía Alarcón renunció poco después de ser elegida y ahora la banca podría quedar en manos del candidato suplente, el gremialista Marcelo Ayimen. Ambos integran el sindicato del Vidrio.

Cabe recordar que el sistema de cuotas se logró debido a la prepotencia de trabajo de dirigentes políticas emblemáticas como la radical Florencia Gómez Miranda, fallecida el 1º de agosto de este año. 'Como afiliada al radicalismo me provoca mucha tristeza comprobar que el partido al cual pertenezco no respeta leyes que incluso fueron promovidas por mujeres radicales', lamentó Boschi. De todas maneras dirigentes políticas de diversas fuerzas han señalado a este medio los obstáculos de género que les impiden acceder a cargos dentro de los partidos y las dificultades en el diálogo entre este sector y el movimiento de mujeres.

Argentina fue un país pionero en utilizar cuotas para incrementar el número de legisladoras en el Congreso Nacional y los parlamentos provinciales y municipales. Adoptó este sistema en 1991, dando impulso a un proceso que llevó a la adopción de leyes progresistas sobre violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, trata de personas. A 20 años de este hecho histórico, las práctica político partidarias muestran que las mujeres continúan siendo discriminadas.

 

 
 

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