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 Sociedad - Página 12 - 09/11/2011
Reparación por un femicidio
La víctima, que ahora tiene 18 años, tenía 12 cuando su padre mató a su mamá y a sus hermanos. La mujer había hecho la denuncia, pero la policía y la Justicia no actuaron. Ahora, una jueza dispuso que debe ser indemnizada por el Estado.

Por Mariana Carbajal

 
 La Justicia salteña condenó al Estado provincial a pagar una indemnización por daño físico y moral de más de un millón de pesos a una adolescente de 18 años, sobreviviente de violencia de género, por la inacción policial en la prevención de los hechos. Abogadas especializadas en el tema destacaron los alcances de la sentencia, que sienta un precedente importante en relación con la reparación de las víctimas de violencia machista y la responsabilidad que tiene el Estado para proteger la vida de las mujeres (ver aparte). En los últimos tres años hubo 37 femicidios en la provincia de Salta, de acuerdo con un registro de los casos publicados en la prensa que lleva adelante el portal laotravozdigital.com desde septiembre de 2008.

Vanina tenía 12 años cuando el 28 de agosto de 2004 su papá, Alberto Yapura, la atacó y luego mató a su madre y a sus dos hermanitos. El caso conmocionó a la sociedad salteña. Rosana Alderete, madre de Vanina, había realizado varias denuncias contra su esposo por maltratos y amenazas en la seccional del barrio Campo Castañares, donde vivía, en la ciudad de Salta. En la sentencia, la jueza en lo Correccional y de Garantías Mónica Faber evaluó que el Estado tuvo responsabilidad en la feroz agresión -cuyas secuelas todavía padece Vanina- porque quedó en evidencia que la subcomisaría de Castañares no actuó como correspondía. Faber detalló que, de acuerdo con los testimonios de tres policías que declararon en el juicio, la seccional tenía sólo un oficial por turno para patrullar, tomar denuncias y hacer notificaciones, entre otros trámites. Los uniformados también declararon que desconocían la Ley de Violencia Familiar 7202 que establecía la obligación de asistir a las víctimas y que nadie los había capacitado al respecto. Además relataron que debían pedir un turno en la Jefatura de Policía, ubicada en el centro de la ciudad, para sacar fotocopias, ya que no tenían dinero para pagarlas. Una de las faltas que cometieron en la dependencia fue no haber mandado una copia de la denuncia al defensor de Menores para que interviniera, tal como había ordenado el 4 de agosto de 2004 el juez de Instrucción Sumaria de Tercera Nominación luego de la segunda denuncia de la mujer. El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia, Maximiliano Troyano, adelantó que apelará el fallo como habitualmente ocurre.

En la causa, además de reclamar una indemnización, estaba acusado por incumplimiento de los deberes procesales el policía José Abraham Martínez, quien debió encargarse de las denuncias. Si bien Martínez quedó absuelto por el beneficio de la duda, la jueza Faber consideró probada la falta del Estado. Faber concluyó que la muerte de la mujer y los dos chicos podría haber ocurrido igual si se tomaban medidas preventivas, pero en ese caso, el Estado no hubiera sido responsable. "No es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de resarcir por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa del sistema administrativo o de la organización administrativa", dice la sentencia.

"Quedaron expuestas las fallas en el servicio del Estado. Creo que esta decisión va a sentar jurisprudencia", dijo el abogado de Vanina, Oscar Juárez. La joven vive con su abuelo y cursa el primer año de Derecho. Vanina está bajo tratamiento psicológico y todavía requiere intervenciones quirúrgicas por las secuelas de la terrible agresión que sufrió. Tiene cicatrices de las lesiones en el cuello, el brazo y el abdomen. La noche del ataque una amiga de la madre la encontró tirada en el pasto cubierta por una frazada y le preguntó qué había pasado. Ella le contestó: "Mi papá me mató, mató a mi mamá y a mis hermanos". Yapura, su padre, fue condenado a prisión perpetua.

El abogado de Vanina expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno de apelar. "Si apelan, están en su derecho. Pero de esta manera queda nuevamente en evidencia el desinterés del Estado con respecto a Vanina, que quedó a cargo de sus abuelos, de escasos recursos", señaló.

 

Opiniones de especialistas

"Hay responsabilidad del Estado, porque lo que el Estado nos debe es un sistema integral de respuesta para los casos de violencia. Y eso requiere, entre otras cosas, un sistema de registro unificado, una comunicación y coordinación adecuada para responder en tiempo y forma", señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo de Justicia y Género (ELA). "¿Por qué la intervención de la Justicia estaba sujeta a recibir las fotocopias de las denuncias policiales? Porque la Justicia y la policía no están conectadas. Distinto sería si hubiera un sistema informático con las denuncias al que tuvieran acceso los jueces", advirtió Gherardi.

"Este fallo deja en claro la responsabilidad que tiene el Estado respecto de la vida de las mujeres", consideró Perla Prigoshin, de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig). Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, agregó: "Es hora de que el Estado indemnice por la falta de diligencia en la prevención del femicidio y filicidios. La excusa de la falta de recursos ya no es aceptable".

Chiarotti recordó que en la sentencia por los femicidios de Ciudad Juárez contra el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que la negligencia del Estado y la falta de diligencia en la prevención de los delitos ameritaba la reparación. "En este caso las víctimas están muertas, pero queda el resto de esa familia que quedó desmembrada. El monto asignado es modesto. Nunca cubrirá la pérdida de una madre y dos hermanos. Pero simbólicamente es importante."
 

 
 

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