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La violencia contra las mujeres: entre la preocupación y la inacción
 

Un estudio realizado por ELA pone en evidencia que el 20% de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires conoce personalmente a alguna persona víctima de violencia. En su gran mayoría, se trata de casos de violencia familiar ocurridos durante el último año, donde las mujeres son las principales víctimas.

(Buenos Aires, noviembre de 2011) - La Argentina no cuenta con información estadística sobre las dimensiones y los tipos de violencia que afectan a las mujeres. A diferencia de otros países de la región (como Perú, Bolivia, Chile y México), nunca se ha hecho una encuesta nacional para medir la incidencia y la prevalencia de la violencia en la población. Por lo tanto, no es posible conocer cuáles son las formas de violencia que enfrentan las mujeres cotidianamente, así como la frecuencia en que se manifiestan, quienes son los perpetradores y las respuestas institucionales frente a la situación de violencia. Inspiradas en esta preocupación, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), encargó a la consultora de opinión pública MBC MORI un estudio exploratorio que indaga sobre la prevalencia de la violencia interpersonal en Argentina.

La encuesta -realizada a mujeres y varones residente de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, durante los meses de julio y agosto de este año sobre una base de 750 casos-, recoge información sobre los tipos de violencia interpersonal, el grado de conocimiento de la población acerca de los lugares a los cuales recurrir en casos de violencia y sobre quiénes son las principales víctimas y perpetradores.

Según se desprende del estudio, el 20% de los entrevistados dijo conocer personalmente a alguna persona que sufre o sufrió actos de violencia en el último año. Pero lo interesante del dato es que más del 70% de esas menciones refieren a hechos de violencia en el ámbito familiar (que incluye a parejas, ex parejas, hermanos/as, padres, con o sin convivencia).

Cuando se menciona este tipo de violencia, la violencia en la pareja surge como la más frecuente: el 60% de los entrevistados respondió que conoce a mujeres que sufren violencia en el seno de su hogar de mano de sus parejas o ex parejas.

La indagación en relación a la víctima y perpetrador de los actos de violencia permite concluir que en el 75% de los casos las mujeres son las víctimas y los varones los perpetradores.

Sobre las denuncias
Cuando se trata de la denuncia de esos hechos, la mitad de los entrevistados dijo que la víctima había denunciado al agresor, aunque todavía persiste un 42% que señala que la denuncia no se realizó. Entre las razones más importantes para no efectuar la denuncia se destacan “el miedo/temor a la venganza” (20%) y el “miedo al desamparo económico” (12%). Los lugares más frecuentes para realizar la denuncia son las comisarías y la Comisaría de la Mujer, con 34% y 29% de las menciones respectivamente. Resulta menor el porcentaje de víctimas que, según los entrevistados, recurre a la justicia.

Cuando se intenta explicar los motivos por los cuales las víctimas de violencia recurren a la policía en proporciones muy superiores a las instituciones de justicia para denunciar estos casos, Natalia Gherardi directora ejecutiva de ELA, explica que existen al menos dos motivos. “En primer lugar porque persiste en el imaginario social la noción de que la policía está para garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero más importante aún es porque las comisarías, de acuerdo al diseño institucional de los diversos poderes públicos, todavía son el espacio más descentralizado con el que cuenta el Estado. Hay comisarías en todos los barrios y atienden 24 horas al día. Mientras que la justicia suele estar centralizada, en algunas ciudades, en ciertos edificios y su disponibilidad es acotada a la semana laboral y a un horario diurno incompatible con las jornadas de trabajo”.

Los datos relevados por ELA son coincidentes con lo informado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en relación con el primer lugar donde acuden las víctimas. Esta iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, creada para atender a víctimas de violencia doméstica, es el único agente judicial que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, aunque únicamente para casos radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, tal y como advierten desde ELA, si bien la OVD es una valiosa iniciativa del Poder Judicial, no es ni puede ser una política pública. “La OVD no tiene entre sus funciones capacidad institucional para resolver la cantidad de problemas sociales que muchas veces requieren las víctimas de violencia: subsidios, soluciones habitacionales, capacitación, empleo, políticas de cuidado para los niños y niñas menores y otras personas dependientes del hogar, asistencia psicológica. Para esto, es preciso que las políticas públicas adecuadas sean diseñadas e implementadas por los poderes políticos (tanto a nivel nacional como provincial) y que estas políticas sean articuladas con los otros poderes del Estado y con las distintas jurisdicciones del país”, enfatiza Gherardi.

Además, los datos de ELA demuestran que el grado de conocimiento de la OVD es bastante reducido, aún entre los residentes de la Capital Federal (donde se llevó adelante la encuesta y se encuentra radicada la oficina de la Corte). Sólo un 9% de los entrevistados dijo conocer la oficina.

Deudas pendientes y urgentes
Ahora bien, el estudio constata la creencia generalizada acerca de la inacción de muchos de los órganos gubernamentales a la hora de dar una respuesta contundente al problema de la violencia hacia las mujeres. Según los entrevistados, en más del 50% de los casos el problema de violencia persiste, aun habiendo realizado la denuncia correspondiente.

La investigación de ELA confirma la existencia de un conjunto de situaciones que ponen permanentemente en riesgo a las mujeres en el país, frente a las cuales el Estado ha realizado escaso avance:

  • No hay datos sistematizados que permitan trazar un recorrido de los casos de violencia que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de sus vidas, para luego estar en condiciones de evaluar las respuestas que las políticas públicas, el sistema de salud y las instituciones de la justicia brindan.
     
  • Persiste una ausencia de políticas públicas articuladas a nivel nacional para enfrentar, sancionar y prevenir situaciones de violencia familiar, organizadas a partir de un enfoque integral que trascienda la atención de la emergencia ante el hecho violento.

Para Natalia Gherardi, el problema de la violencia contra las mujeres es sin duda un problema de la sociedad en su conjunto. Para la abogada, la denuncia (o la separación en algunos casos) es o debe ser el punto final de un proceso previo de construcción de redes de contención (familiares, personales, profesionales) sin el cual la víctima se encuentra desarmada, sola y expuesta. En este terreno, saltar etapas suele conducir a la imposibilidad de resolver el problema y en algunos casos hasta la muerte. Se trata de contribuir a generar las condiciones que permitan a las mujeres ejercer su autonomía personal y económica, para reconstruir su vida a partir de otras relaciones. En el plano social, es necesario contar con campañas en todos los niveles para mejorar la prevención (desde las primeras relaciones) tomando conciencia que no se debe tolerar el maltrato de cualquier índole.
 

Fuente: ELA 
Para más información, comunicarse con comunicacion@ela.org.ar  

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