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Clarín. Opinión. 30/11/2011
Tribuna
Violencia contra las mujeres, más allá del espanto

Por Natalia Gherardi, Abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Con una periodicidad que asusta se suceden en los medios de comunicación las noticias sobre violencia contras las mujeres, las niñas, los niños. Violencia que proviene de manos de personas de sus círculos íntimos, que tienen la obligación moral y legal de cuidar, proteger, acompañar a quienes agreden.

Al menos las noticias están, y todavía espantan. Flaco consuelo.
A partir de las noticias, verificamos que en muchos de estos casos habían existido algunas señales como preanuncios de la tragedia. La falta de acción efectiva por parte de las instituciones públicas convierte el anuncio en condena anticipada.

La reciente sentencia de la justicia de Salta que condena al Estado a indemnizar a la única sobreviviente de una matanza en la que el padre de familia acabó con la vida de su madre y hermanos, deja al desnudo las falencias de un sistema fragmentado y en gran medida refractario de las angustias de quienes denuncian situaciones de violencia en el ámbito de la familia. En este caso hubo al menos tres denuncias en sede policial, que no fueron remitidas a la justicia.

La justicia de Salta hubiera podido dictar las medidas de protección y exclusión del hogar del agresor, lo que tal vez podría haber operado como un límite a la persona violenta, quizá salvando estas vidas. Pero la policía alegó que no habían recibido capacitación sobre la ley provincial de violencia y que no tenían acceso a la fotocopiadora necesaria para hacer llegar esos antecedentes al Juzgado correspondiente.

Esto muestra no solo desinterés por la situación personal de quien se acerca a la policía en busca de protección sino además la ausencia de un sistema integral de respuesta para los casos de violencia.

Un sistema que requiere, al menos, un registro de denuncias unificado, una comunicación y coordinación interinstitucional adecuada, práctica, útil para responder en tiempo y forma. Tanto en Argentina como en la región, los datos indican que las personas que atraviesan situaciones de violencia familiar recurren mayormente a la policía. El dato no sorprende: es la institución más descentralizada del estado, cercana a la gran mayoría de hogares urbanos, con una accesibilidad de 24 horas que en la ciudad de Buenos Aires sólo se compara con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las noticias se suceden y la sociedad mira perpleja la cantidad de muertes que se suman, como la expresión más brutal de esta violencia que tiene también manifestaciones menos fatales y visibles, pero que también son parte de la misma violencia, dirigida a las mismas personas. La cobertura del tema en los medios de comunicación no quita la necesidad de contar con instrumentos más adecuados de medición, función que le compete al estado para no hacer política pública a ciegas.

¿Cuándo sabremos a cuántos casos están dando respuestas las instituciones públicas? Sólo el día en que contemos con estadísticas oficiales de alcance nacional, elaboradas sobre la base de encuestas aplicadas a toda la población, como se hace desde hace mucho en países como México, Chile, Perú, Paraguay. Todavía falta que terminemos de dar el paso del espanto a la acción, reclamando más y mejores políticas públicas, campañas de difusión, coordinación interinstitucional y mecanismos que garanticen el efectivo acceso a la justicia.
 
 

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