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El Independiente (La Rioja). Punto de vista. 18/02/2012 

La imperiosa necesidad de legalizar el aborto en la Argentina
 

Por Natalia Gherardi y Josefina Durán (*)

En los últimos días ha salido a la luz otro caso de aborto no punible, esta vez en la provincia de La Rioja. Una vez más, los derechos sexuales y (no) reproductivos de una niña víctima de un embarazo forzado, se soslayan detrás del silencio de la familia y la lejanía de las instituciones públicas.

La diferencia entre este caso y el último conocido en la provincia de Entre Ríos donde la familia solicitó la interrupción del embarazo tal como lo permite el artículo 86 de nuestro Código Penal desde 1922, es que en esa provincia las instituciones de salud y de justicia se erigieron como obstáculos insalvables obligando a la niña a continuar con una gestación que pone en peligro su salud física y psíquica.

Argentina tiene en su haber varios casos paradigmáticos en los cuales el Estado, sea por la inacción de los servicios de salud o mediante la judicialización innecesaria, ha violado los derechos de mujeres y niñas frente a pedidos de abortos no punibles. La lista sigue extendiéndose y la negativa, cobrándose daños irremediables. A los ya conocidos casos de Ana María Acevedo (en Santa Fe), R.L.M (Provincia de Buenos Aires), se sumó el caso de una niña de Misiones, luego otro en Chubut. La pregunta es cuántos casos más habrá que no se conocen.

En cuántos casos las mujeres y niñas ignoran que tienen derecho a solicitar la interrupción de embarazos producto de violaciones, y en cuántos casos se ven sometidas al innecesario laberinto de la Justicia. Luego, producto de la presión social que sigue a la publicidad obligada, no es sorprendente que en muchos casos las niñas, mujeres o sus familias retiren el pedido de interrupción del embarazo.

Frente a las exigencias de diversos organismos internacionales de derechos humanos, el Ministerio de Salud de la Nación ha elaborado instrumentos tales como la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles y el Protocolo para la Atención Integral de las Personas Víctimas de Violaciones Sexuales. En estos documentos se indica que en caso de violación la mujer tiene la opción de realizar un aborto sin intermediaciones judiciales. Sin embargo, frente a la realidad de una persona concreta, en lugar de actuar, el Estado nacional se llama a silencio y no toma cartas en el asunto. De esa manera, por omisión, se continúa profundizando las confusiones en desmedro del ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y niñas argentinas.

Esta realidad que se repite obliga a tomar las riendas de la discusión política visibilizando las terribles consecuencias que tiene la penalización del aborto. En Argentina se ha iniciado el debate por la legalización del aborto, extendiéndose los permisos para llevar dicha práctica al conjunto de todas las mujeres frente a un embarazo no deseado, sin indagar en su procedencia o las complicaciones que pudiera generarle en la salud. De cara a esta discusión, Argentina -donde el 40% de los embarazos son interrumpidos voluntariamente- puede dar un salto notable para la calidad de vida de la población, legitimando una práctica extendida y compartida por las mujeres.

(*) Abogadas de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
 

 
 

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