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La Voz del Interior (Córdoba). Opinión. 03/05/2012 
Garantizar el acceso al aborto no punible
 

En todos los casos de aborto no punible es ilegal demandar autorización judicial, denuncia policial o prueba pericial como requisito previo.

Por Mercedes Cavallo y Natalia Gherardi*.

Desde la sanción del Código Penal argentino, en 1921, la aplicación efectiva de los supuestos de aborto no punible contemplados en su artículo 86 fue objeto de polémicas y disputas, cuya consecuencia práctica más grave fue la inaccesibilidad sistemática a la interrupción del embarazo en condiciones seguras para las mujeres de los sectores más desfavorecidos del país.

Durante años fuimos testigo de las dificultades que tuvieron que enfrentar las mujeres pobres cuyos embarazos provenían de una violación o ponían en peligro su salud o su vida, o padecían una discapacidad mental. Mientras que todas las mujeres sin distinción de clases eran condenadas a la clandestinidad, otras eran además condenadas a la muerte por abortos inseguros.

En otros casos, la condena a muerte fue producto de la negativa a practicar un aborto terapéutico cuando había riesgo para la vida de la mujer, como el tristemente célebre caso de Ana María Acevedo, que murió porque el equipo médico que la atendía se negó a practicarle un aborto terapéutico para poder tratar con quimioterapia el cáncer de mandíbula que sufría.

A todas las mujeres violadas. Lo cierto es que el Estado no puede impedir el ejercicio de un derecho reconocido en una ley, y menos cuando de ese impedimento se derivan violaciones a los derechos humanos de un grupo determinado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, advirtiendo esta situación, clarificó hace ya más de un mes que el permiso del artículo 86 alcanza a todas las mujeres violadas, con lo cual puso fin a una vieja discusión sobre el alcance de esta norma.

Además, y consciente de las posibles resistencias que los sectores sanitarios, políticos y judiciales pudieran tener, estableció de manera expresa que en todos los casos de aborto no punible es ilegal demandar autorización judicial, denuncia policial o prueba pericial como requisito previo para la habilitación de la práctica.

Córdoba fue de las provincias que con más celeridad acataron el fallo de la Corte, aprobando la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que Soliciten Prácticas de Aborto no Punibles” y mostrando su respeto no sólo hacia los derechos de las mujeres, sino hacia el sistema democrático y hacia el rol de la Corte.

Sin embargo, hace algunos días y sin base legal, el juez Federico Ossola hizo lugar a una medida cautelar que suspende en forma parcial la aplicación de la guía para la realización de abortos en caso de violación, debido a que la Asociación Civil Portal de Belén, presidida por el legislador cordobés Aurelio García Elorrio, interpuso un amparo.

Es preocupante que representantes del Poder Judicial, en lugar de castigar a aquellos que impiden el acceso al aborto no punible, desoigan el criterio de la Corte Suprema y prohíban aquellas medidas que, justamente, posibilitan el aborto en los casos autorizados por la ley y protegen los derechos humanos de las mujeres.

Este proceder del Poder Judicial, en palabras de la Corte, “no puede sino ser considerado como una barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejadas su obrar”.
Ahora es el turno de la Cámara de Apelaciones (que se expedirá mañana). Es deseable que este tribunal revoque la medida cautelar y restablezca la plena vigencia y aplicación de la guía, según lo establecido por la Corte Suprema.

*Miembros de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), respectivamente
 

 
 

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