ELA presentó una guía para evaluar el impacto de las capacitaciones de Ley Micaela

La utilización de esta guía permite establecer una línea base para monitorear el impacto de las capacitaciones en género que la norma establece como obligatorias en instituciones, organismos o dependencias de cualquiera de los tres poderes del Estado.

 

(Buenos Aires – 07 de mayo de 2021) – Esta semana ELA presentó la Guía para la evaluación de las capacitaciones de género,  que busca ofrecer un método de monitoreo y evaluación de las capacitaciones en materia de género impulsadas en el marco de la ley 27.499, también conocida como Ley Micaela. La norma, promulgada en enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres Poderes del Estado. Se la conoce con ese nombre en honor a Micaela García, una militante entrerriana de 21 años que fue víctima de un femicidio.

Esta guía podrá ser utilizada por instituciones, organismos o dependencias de cualquiera de los tres poderes del Estado que decidan llevar a cabo la evaluación de las capacitaciones realizadas en cumplimiento de la ley. Su utilización permitirá establecer una línea de base para ir monitoreando la construcción de instituciones públicas fortalecidas en sus capacidades de respuesta a las demandas de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

Durante el evento de presentación de la guía, que se llevó a cabo de forma virtual el pasado 6 de mayo, contamos con la presencia de varias personas que hablaron de la importancia, no solo de las capacitaciones en materia de género, sino también del monitoreo de estas acciones, para poder establecer el impacto de las mismas y evaluar si se producen al interior de las instituciones el cambio cultural pretendido. La publicación fue realizada por ELA en el marco del proyecto Activismo en Red que llevó adelante durante 2020 junto al Fondo Mujeres del Sur gracias al al apoyo de la Iniciativa Spotlight Argentina

La apertura estuvo a cargo de Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA quien afirmó que “este esfuerzo que se enmarca en la ley Micaela es un ejemplo de política de reparación transformadora. Frente a la contundencia y fatalidad del femicidio de la joven Micaela García, parte de lo que esa familia logró transformar en acción fue proponer un proyecto de ley y llevar adelante las acciones de un proyecto de ley que nos ayudara a mejorarnos como sociedad”.

A continuación tomaron la palabra Carla Majdalani, Especialista de Programa Spotlight para ONU Mujeres, y Victoria Giussani, asesora en Cooperación Internacional en la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Majdalani se encargó de presentar a la iniciativa Spotligh, la cual es “una apuesta, un programa conjunto financiado por la Unión Europea e implementado por agencias y programas de Naciones Unidas en Argentina. Su objetivo es poner fin a la violencia, como objetivo más amplio en todo el mundo, y en América Latina haciendo foco particular en la erradicación de los femicidios”.  Por su lado, Giussani destacó la importancia de la evaluación del impacto de los proyectos, como por ejemplo las capacitaciones en materia de género. “Nosotros concebimos la evaluación de los proyectos que apoyamos como la única clave para mejorar. Sin evaluación de impacto no hay posibilidad de llegar mejor a nada. Y en el caso de la Ley Micaela en particular, nos damos cuenta que es bastante clave porque es en definitiva el primer contacto que va a tener gran parte de la gente con el tema”, destacó Majdalani.

Dora Barrancos, investigadora principal del Conicet y asesora ad honorem del Presidente Alberto Fernández, destacó la creación y trabajo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y de las distintas capacitaciones que fueron dando. “Participamos con la Ministra de lo que fue la primera capacitación que alcanzó al Presidente y a sus ministros y ministras, en un acto que fue particularmente muy emotivo. En esa capacitación se daba un hito consagratorio a la imperiosa necesidad de cumplir con el mandato de la ley”, aseguró Barrancos.

Alba Rueda, Subsecretaria de políticas de diversidad del MMGyD, destacó que “la Ley Micaela tiene que ver con una traducción en la comunicación que fortalezca la perspectiva de género y diversidad”. Rueda mencionó también la importancia de la incorporación de la perspectiva de la diversidad: “Este no es un dato menor. No solamente en términos latinoamericanos tal como se está desarrollando, sino sobre todo porque efectivamente se contemplan derechos de las personas LGBTIQ+ que se han venido postergando y era una de las líneas postergadas dentro del eje de las políticas públicas”.

Luis Ávalos, psicólogo especialista en género, mencionó la importancia de las capacitaciones en materia de género en especial para lograr romper los estereotipos y prejuicios que se construyeron en la sociedad sobre el tema. “Lo que se trata justamente en estas capacitaciones es de poder atravesar esos prejuicios y en el mejor de los casos ir con las masculinidades y hablando de masculinidades desde la perspectiva de género, el objetivo es que podamos desarmar esa idea que muchos varones traen y es que se trata de que estamos atacando a los varones como individuos”, destacó .

La última panelista del encuentro fue Claudia Anzorena, socióloga, docente y activista quien estuvo a cargo de realizar varias capacitaciones en diferentes provincias. “Cuando empecé con estas capacitaciones me pregunté de dónde surge esta Ley Micaela y porqué recién ahora. Lo hace precisamente de la visibilización de una serie de falencias en la implementación concreta de las políticas de género que supimos conseguir. Estas falencias, las feministas las venimos viendo desde hace mucho tiempo atrás”, afirmó Anzorena.

En último lugar, tomó la palabra Paula Magariños, co-directora de Punctum, quien trabajó junto con ELA en la realización de esta guía. Magariniños explicó que “esta guía está pensada como una caja de herramientas que se pueda adaptar a las diferentes instituciones y agencias de los diferentes niveles y poderes del Estado y también más allá de eso: organizaciones de la sociedad civil, organismos y también empresas y asociaciones del sector privado”.

Desde ELA tenemos un largo recorrido en el fortalecimiento de capacidades para la transversalización de género, trabajando con un amplio abanico de actores que incluyen al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desde cada uno de esos espacios, todas las personas tienen roles importantes que cumplir para contribuir a transformar las estructuras de discriminación y exclusión que sostienen las violencias por razones de género. Sin embargo, la experiencia indica que, tan importante como fortalecer capacidades a través de la difusión de información, la generación de espacios de formación y reflexión colectiva, es evaluar el impacto de esos esfuerzos para dar cuenta de sus resultados.

 


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