El aborto legal, seguro y gratuito es un derecho ganado
 

Declaración de REDAAS, ELA y CEDES sobre la medida cautelar


El lunes 7 de junio, el titular de Juzgado Federal No. 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, hizo lugar a una medida cautelar solicitada  por Héctor Adolfo Seri y decretó la inaplicabilidad de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Resolución N°1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que aprobó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

Por su lado, el Ministerio de Salud de la Nación junto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunciaron en una gacetilla de prensa que llevarán adelante todas “las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley votada por el Congreso” y que “el Estado nacional apelará inmediatamente la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López”.

Frente a una campaña de desinformación iniciada como consecuencia del fallo del juez López, desde REDAAS, ELA y CEDES consideramos importante destacar que el dictado de la medida cautelar no implica de modo alguno la derogación de la norma. Por lo tanto, no suspende las obligaciones de los subsistemas de salud privada ni de obras sociales ni de salud pública dependientes de gobiernos provinciales y municipales. La decisión solo alcanza, hasta que se resuelva la apelación de la cautelar, a instituciones de salud públicas dependientes directamente del Estado nacional. Sin perjuicio de ello, esta medida cautelar no resuelve la cuestión de fondo de la demanda respecto de la Ley 27.610 y el protocolo.

Desde REDAAS, una red nacional integrada por profesionales de la salud y el derecho  vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina, queremos llevar tranquilidad a quienes tienen el compromiso de apoyar y garantizar los derechos de mujeres y personas con capacidad de gestar. El accionar del juez López busca ignorar una norma que fue altamente debatida y sancionada por el Congreso de la Nación mediante procedimientos democráticos. Ningún juez o jueza de la Nación puede suspender la vigencia de una ley dictada por el Congreso de la Nación con efectos para toda la población por lo que las resoluciones judiciales que deciden la suspensión de normativa que afecta los derechos de las mujeres y de las personas gestantes a acceder a prácticas de salud atentan contra la división de poderes y sobrepasan los límites del control de constitucionalidad.

REDAAS, ELA y CEDES continuaremos contribuyendo a garantizar los derechos, en particular el derecho a la interrupción del embarazo y  al fortalecimiento de las políticas públicas y esperamos que el Poder Judicial dé una respuesta contundente a la apelación y deje sin efecto esta medida cautelar que busca vulnerar derechos

 

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