Claroscuros en las políticas contra la violencia de género
En 2014 se cumplieron cinco años desde la aprobación de la Ley 26.485 para protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales (en adelante, la �Ley Integral de Violencia� o �Ley 26.485�).
La sanción de esta ley significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley integral, ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación, luego de una primera década concentrada a la violencia familiar o doméstica, de la que las mujeres eran de todas maneras las principales víctimas.
El marco regulatorio logrado con la sanción de la Ley 26.485 se complementó un año más tarde con la aprobación del Decreto Reglamentario 1011/2010, luego de un proceso abierto a la participación de diversos actores institucionales. En el territorio de las provincias, se avanzó en la aprobación de normas locales para adherir al texto de la Ley Integral de Violencia, en ocasiones adaptándola a las particularidades propias de cada contexto.
La Ley 26.485 es una herramienta sumamente interesante que planteó un ambicioso plan de acción que se proponía coordinar a diversas instituciones (Ministerios, Secretarías, Poderes del Estado) y jurisdicciones (a nivel nacional, provincial y local) para abordar las diversas formas de violencia que sufren las mujeres. La ley propuso acciones dirigidas a articular iniciativas de generación de información, capacitación y asistencia (social, económica y jurídica), todas estrategias imprescindibles en el trabajo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
A cinco años de la sanción de la Ley Integral de Violencia, es momento de realizar una evaluación inicial de su grado de implementación y efectividad de las acciones tomadas bajo su amparo. Es tiempo de impulsar acciones de monitoreo y rendición de cuentas.
Si bien se ha avanzado en la creación de herramientas e implementación de políticas muy relevantes, es necesario indagar sobre su coordinación, cobertura y alcance. Hay una cantidad importante de acciones previstas en la Ley 26.485 que aún no han sido abordadas de un modo suficiente. Del mismo modo, se registra una importante disparidad entre jurisdicciones, con superposición de recursos en algunos casos y escasa cobertura en muchos otros. Conocer los déficits y brechas existentes en relación con las políticas dirigidas a la implementación de la Ley Integral de Violencia es un paso imprescindible para establecer un curso de acción para el futuro, avanzando hacia el compromiso de la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El objetivo de este documento es contar con un análisis inicial que permita tener una mirada general del tema, dejando sentadas las bases de lo que podría ser una indagación complementaria a realizarse durante el año 2015 en un proceso con mayor grado de participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades y gobiernos locales, con un mejor alcance federal.
Este documento fue elaborado por Natalia Gherardi, con la colaboración de Paula Rey, Cecilia Gebruers, María Paula Krichevsky y Nadia Ferrari. Agradecemos el aporte de Claudio Navarrete Muñoz en la búsqueda de información. Este trabajo fue posible gracias al apoyo financiero de UNFPA en Argentina.
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