Desde la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres queremos expresar  nuestro repudio al accionar del fuero penal del Poder Judicial de Tucumán, que a lo largo de tres instancias procesales se ha negado a investigar una denuncia de violación de secreto médico y de violencia física, psicológica, obstétrica e institucional formulada por una ciudadana. 

El caso “María Magdalena” tomó repercusión nacional por la violencia y crueldad que recibió una paciente en situación post-aborto al ingresar a una Maternidad Pública.

La denuncia de este caso y el tratamiento que le ha dado a esta causa el Poder Judicial de Tucumán hasta el momento, entendemos que no se condice con los estándares internacionales y nacionales en vigencia en nuestro país que indican la prevalencia de la obligación de guardar secreto por sobre la obligación de denunciar como una forma de resguardar la confidencialidad, intimidad y autonomía de las pacientes. En consonancia con esta obligación de guardar reserva, los precedentes jurisprudenciales para el caso siguen la misma línea desde 1.966 y se conocen como “Natividad Frías” y “Baldivieso” en el orden nacional y “De la Cruz Flores” en el ámbito internacional.

Por otra parte, también repudiamos la negativa sistemática a investigar las violencias denunciadas por “María Magdalena” en los términos de la ley 26.485. El silencio (literal) sostenido por los/as Magistrados/as intervinientes frente a la denuncia de violencia, trasunta insensibilidad ante una problemática que forma parte de las políticas públicas actuales, el incumplimiento liso y llano de obligaciones internacionales asumidas por el Estado en la Convención Internacional Belem do Pará (Ley 24.632) y puede ser interpretado como actitud tolerante hacia la violación de los derechos humanos de las mujeres o bien, como una forma más de violencia hacia las mujeres que buscan justicia.

Los casos de violencia contra las mujeres demandan formación de los/as operadores/as jurídicos involucrados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la  Mujer (CEDAW) ha impartido instrucciones puntuales para nuestro país y en sus Recomendaciones Finales efectuadas el 30 de julio de 2010 reclamó al Estado argentino que velara para que la judicatura, incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención y alienta para que imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia.

Resulta alarmante comprobar la incapacidad del Estado para componer, a través de uno de sus poderes públicos de gobierno, un mensaje coherente de rechazo hacia la perpetuación  de violencia en cualquiera de sus formas. Nuestro mayor repudio entonces a los/as Magistrados/as que se niegan a cumplir con su obligación de investigar la violencia denunciada por una ciudadana, contribuyendo así a la violación del derecho humano de vivir una vida libre de violencias.

Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres