La Alianza de Abogadxs por los Derechos Humanos de las mujeres, red federal compuesta por más de 200 profesionales del derecho de la Argentina, repudia el accionar de los jueces Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués que integran la sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Ambos magistrados sumaron una sentencia más a una penosa lista en la que no se cuestiona la autoría ni la materialidad de los hechos sino que se emplean argumentos revictimizantes que estigmatizan a las personas que sufren violencia sexual.

En esta oportunidad, atenuaron una condena por abuso sexual gravemente ultrajante por considerar que un niño de seis años demostraba una familiaridad y una precoz elección de sexualidad al haber sido abusado por otras personas en otras ocasiones previas a la violación.

Los magistrados han incumplido sus deberes como interpretes del derecho. Estos funcionarios están obligados a conoce, interpretar y aplicar los derechos constitucionales a la no discriminación, tratados de derechos humanos, tales como la Convención de los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Belem do Pará, la Ley de Protección Integral de la Niñez, entre otras normas.

Han frustrado los derechos fundamentales de este niño cuando  sometieron su sexualidad al escrutinio público centrándose sobre él en lugar de juzgar la conducta del abusador. Han violado su derecho a una sentencia justa.