Frente a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) en Argentina presentaron un pedido de informe ante la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, la Dra. Carmen Falbo, para que dé cuenta de cuáles son los procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y probada experiencia en la lucha contra la violencia de género de las personas que se han designado al frente de las Fiscalías especializadas en Violencia de Género en la PBA.

En virtud de lo establecido por el art. 8 de la Resolución 346/14, la Procuradora General  instruyó a los y las Fiscales Generales a conformar fiscalías temáticas, unidades o secretarías especializadas en la investigación de delitos de “violencia familiar” por lo que queda a criterio de cada uno/a de ellos/as la forma de instrumentación en función de la extensión territorial, la densidad demográfica y la realidad delictual de su departamento judicial. 

A casi un año de haber sido tomada esta medida, y lejos de haber presentado una respuesta eficiente, nos encontramos con un recrudecimiento de la violencia en la que quienes se desempeñan al frente a dichas fiscalías tienen responsabilidad al no contar con la capacitación necesaria para contener y brindar seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes en situación violentas: las lamentables actuaciones de la Fiscal Carolina Carballido Calatayud, quien está al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, así como la del Fiscal Emiliano Buscaglia, titular de la Unidad Funcional e Instrucción N° 5 Especializada en Violencia de Género de Moreno son dos claros y graves ejemplos.

En el caso de Carballido Calatayud, la Fiscal acusó por “abandono de persona” a Yanina González, una joven de 23 años con discapacidad mental intelectual, ante al femicidio de su beba, quien murió tras una golpiza propinada presuntamente por quien era en aquel momento su pareja, Alejandro Fernández. La fiscal ignoró en forma sistemática la manera en la que incide el entorno de una persona con discapacidad que, en este caso no recibió ningún tipo de estímulo y fue violentada durante toda su vida por parte de su familia y por parte del Estado que la abandonó por ser pobre, mujer y tener una discapacidad.  Pese a estar al frente de una Unidad Especializada en Violencia de Género, la funcionaria se privó de contemplar esa perspectiva durante el juicio que se desarrolló en febrero pasado: cargó contra la mujer sentada injustamente en el banquillo, responsabilizándola por la muerte de la niña sin investigar al presunto femicida, quien sigue libre, cuando todas las pruebas apuntaban a él.

En tanto que Emiliano Buscaglia, está al frente de causa por las agresiones que la familia de Alejandra Margot Hertler padece desde 2011. La mujer, quien era violentada por su ex pareja, Diego Alejandro Solís, decidió separarse y hasta tuvo que irse de la provincia de Corrientes como medida autodefensiva. Sin embargo, y pese a las denuncias que realiza desde hace cuatro años en la Unidad Funcional e Instrucción N° 5 Especializada en Violencia de Género de Moreno -partido en el que reside-, el agresor continúa hostigándola. De cara a los hechos, el Fiscal continúa sin asistirla. "No me quiso atender. Pero lo que sí hicieron fue someterme a un análisis psiquiátrico. Así funciona la justicia. Todos saben que esta persona quiere matar a mi nieta Alma, para hacerme el mayor daño posible. Ya hice todo lo que me pidieron, golpeé todas las puertas. Pero nadie hace lo que tiene que hacer, que es detenerlo", evidenció la mujer en medios de comunicación.

Es por eso que sostenemos que la desprotección de las mujeres se profundiza ante la falta de un mecanismo de selección que garantice la idoneidad de las personas que se ponen al frente de las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género y que, por ello, es urgente que las designaciones sean a través del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, que garantice que quienes se postulen tengan el conocimiento necesario para ocupar ese cargo. De ese modo, el Estado Argentino no incumplirá con la CONVENCIóN SOBRE LA ELIMINACIóN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIóN CONTRA LA MUJER y la Justicia irá en camino de romper con estereotipos culturales nocivos. Así mismo, comenzará a garantizarse lo establecido por la CONVENCIóN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD que impone la adopción de medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad (art. 6 y 8 CDPD).-

Por lo anterior expuesto es que desde la Comisión por la Libertad de Yanina González y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el pedido, exigimos una pronta respuesta por parte de la Procuradora, así como el respeto por las leyes, los tratados de DDHH y las Constituciones Nacional y Provincial porque la lucha contra la violencia de género requiere un compromiso real con desarrollo institucional acorde y la Procuración tiene la responsabilidad de brindar respuestas eficientes  a las víctimas.

Contactos de Prensa

-Rosario Castelli (Comisión Libertad para Yanina) 1556011432 I libertadparayanina@gmail.com

-Sofía Ballesteros (Comisión Provincial por la Memoria) 

0221156131575

-Evangelina Gálligo (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad)

1556670788  I egalligo@redi.org.ar